Un vehículo VTC detenido ante un semáforo junto a varios taxis, en Madrid. ALBERTO DI LOLLI

Los proyectos de negocio basados en plataformas como Uber y Cabify han perdido la confianza de la banca en España tras el decreto aprobado por Fomento para transferir su regulación a CCAA y Ayuntamientos.

La medida ha tenido un efecto directo sobre la seguridad jurídica con la que los inversores contemplan este negocio en España. Pero las entidades financieras han elevado ya el nivel de riesgo de la deuda de las grandes empresas del sector y han trasferido parte de los préstamos al departamento de riesgos por la «nueva incertidumbre» que pende sobre este negocio, explican fuentes empresariales.

El RDL aprobado el pasado 28 de septiembre limita la validez para realizar trayectos urbanos de las actuales autorizaciones a cuatro años -prorrogable a dos- y luego sólo valdrán para realizar rutas entre dos ciudades distintas.

Fuentes del sector estiman una deuda total de 300 millones de euros repartida entre los principales bancos. Esta cantidad está dividida entre los préstamos concedidos para financiar la compra de autorizaciones -que en el mercado secundario oscilan en un precio superior a los 50.000 euros por título– y los leasing firmados para el arrendamiento de las grandes flotas de vehículos.

«Es una pena, pero la regulación se ha cargado un negocio en el nuevo sector digital que tanto se quiere promocionar», explica uno de los bancos que ha acompañado a empresarios en la financiación del transporte alternativo a los taxis. En esta entidad, los créditos concedidos sobre licencias VTC han pasado a ser más vigilados y los nuevos han sufrido un cambio en el scoring -clasificación de riesgo- por el que se han endurecido las garantías exigidas y los precios con los que se puede acceder a financiación de manera que es muy complicado pasar los filtros.

El motivo es que la nueva normativa frena la expansión del sector y deja atrapadas en la práctica a los propietarios de las VTC, ya que ahora encontrar nuevos compradores se presenta más complicado por el endurecimiento de la financiación.

Riesgo político

Las entidades financieras han sido uno de los principales agentes que han contribuido al gran despliegue de estas compañías -que operan bajo plataformas de movilidad como Uber o Cabify- financiando mediante préstamos de rápida amortización y altos tipos de interés las licencias como si fueran taxis.

El rápido crecimiento del negocio y su potencial llevaron a madurar fórmulas financieras como los créditos sindicados, por los que las empresas multiplicaban su capacidad de apalancamiento y las entidades dividían su riesgo. Pero ya hace unos meses que uno de los mayores bancos españoles decidió retirarse de la financiación de un crédito sindicado para VTC al percibir un riesgo político que podía cambiar por completo el modelo de negocio, como así ha acabado siendo.

Las fuentes consultadas descartan problemas financieros para las entidades por el plazo de cuatro años dado por Fomento a modo de indemnización, aunque insisten en que el asunto ya ha sido trasladado al departamento de riesgos de los bancos.

«La deuda actual se irá devolviendo aprovechando la expansión que va a traer a corto plazo la concesión de nuevas licencias por sentencia judicial y la llegada de las nuevas plataformas digitales a nuevas ciudades», explica un directivo del sector. Uber, por ejemplo, planea comenzar a operar antes de que acabe el año en nuevas ciudades como Valencia o Bilbao.

Fuente: www.elmundo.es/economia/empresas/2018/10/13/5bc0bd5546163fd52b8b4621.html